La voluntad del legislador ha sido terminar con las situaciones de exclusión y discriminación en razón de la identidad de género, lo que necesariamente se extiende al ámbito laboral.

La medida adoptada responde a criterios justificados y proporcionados de preservación de la salud pública.

Incorpora a funcionarios públicos que anteriormente no podían optar a este procedimiento, como los del Poder Judicial.

El máximo Tribunal acogió el recurso de unificación, anuló la resolución impugnada, dictada por Corte de Apelaciones de Santiago, y dictó sin nueva vista sentencia de reemplazo.