El Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres condenó, además, a indemnizar a la trabajadora por vulneración de derecho fundamental con la suma de 6.250 euros.
El Informe de más de 300 páginas fue elaborado por un equipo que supera los 30 investigadores e investigadoras y que trabajaron más de nueve meses.
La voluntad del legislador ha sido terminar con las situaciones de exclusión y discriminación en razón de la identidad de género, lo que necesariamente se extiende al ámbito laboral.
La medida adoptada responde a criterios justificados y proporcionados de preservación de la salud pública.
Incorpora a funcionarios públicos que anteriormente no podían optar a este procedimiento, como los del Poder Judicial.
El máximo Tribunal acogió el recurso de unificación, anuló la resolución impugnada, dictada por Corte de Apelaciones de Santiago, y dictó sin nueva vista sentencia de reemplazo.
