Acto fue aprovechado por Rodrigo Chaves para anunciar su intención de consultar a la Corte si su proyecto de ley sobre “pensiones de lujo” se apega a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La moción busca reformar la Constitución para incluir indemnizaciones a personas privadas de libertad por aplicación ilegal de medidas cautelares, alineándose con estándares internacionales en derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca los logros y medidas implementadas por los Estados en 2023 para el cumplimiento de sus recomendaciones. El informe busca promover buenas prácticas y fortalecer la protección de derechos humanos en la región.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencia a Grecia por deportar a una mujer turca sin evaluar los riesgos. Paralelamente, desestima el caso de un menor afgano al no hallar pruebas suficientes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia detenciones arbitrarias y condiciones de encarcelamiento violatorias de derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La Corte Europea de Derechos Humanos determinó que la búsqueda y confiscación de documentos personales de una asociación masónica en Italia, ordenada por una comisión parlamentaria, fue desproporcionada y violó el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Un informe revela la estrategia represiva del régimen venezolano para impedir elecciones libres y transparentes, y perpetuar su permanencia en el poder. La CIDH llama a la comunidad internacional a tomar medidas para restaurar la democracia en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda la decisión del presidente Biden de conmutar 37 penas federales de muerte, pero manifiesta su preocupación por las 25 ejecuciones realizadas en 2024 y reitera su llamado a abolir la pena capital.
Previo a esta ley, Zimbabue mantenía un estatus de moratoria de facto sobre la pena de muerte, ya que la última ejecución se realizó hace casi 20 años. No obstante, no existía una declaración formal que prohibiera su aplicación, ni tampoco una derogación de las disposiciones legales que la contemplaban.
El tribunal ordenó medidas alternativas, incluyendo arresto domiciliario total, arraigo nacional y supervisión por el Servicio de Reinserción Social Juvenil, considerando la vulneración de derechos de la imputada y su hijo bajo las normas internacionales de derechos humanos.
La verdadera solución al crimen no se encuentra en medidas extremas, sino en fortalecer el sistema judicial, garantizar investigaciones eficientes, promover políticas de prevención y abordar las raíces estructurales de la violencia, como la desigualdad y la exclusión social. Rechazar la pena de muerte reafirma el compromiso de nuestro país con los derechos fundamentales y con la construcción de una sociedad más equitativa y humana.
