En su rol como líder de facto de la Policía Islámica, fue acusado de implementar y hacer cumplir normas estrictas que afectaban significativamente la vida cotidiana y las prácticas religiosas de los residentes. La Policía Islámica utilizó castigos físicos como flagelaciones y amputaciones para imponer estas normas, creando un ambiente de control riguroso sobre la población.
Este 10 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en su cuenta de X estar preocupada por un proyecto de ley que fue aprobado en primera votación en el Congreso peruano y que prescribiría delitos como tortura, homicidio y desaparición forzada ocurridos antes del 1 de julio de 2002. De aprobarse, la medida favorecería a miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el periodo de violencia interna que padeció el país de 1980 al 2000.
Los demandantes solicitaron improcedentemente protección provisional preventiva, pues no existe certeza sobre las futuras decisiones gubernamentales y las condiciones fácticas y jurídicas de estas. Además, no tomaron en cuenta el margen de discreción del gobierno alemán en esta materia.
Las diversas amenazas y riesgos a los que se enfrentan actualmente los defensores ambientales en Latinoamérica y en Chile hace necesario adoptar una solución urgente para resguardar sus derechos humanos.
La ley permite a las entidades locales implementar o apoyar acciones de cooperación internacional, ayuda al desarrollo o humanitarias, sin que estas deban responder a un interés público local específico ni involucrar a autoridades extranjeras. Estas acciones deben respetar los compromisos internacionales de Francia y no interferir en la conducción de las relaciones internacionales por parte del Estado.
¿Qué relación hay entre corrupción y derechos humanos? ¿Qué deberes tienen los Estados frente a los denunciantes de corrupción?
La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke manifestó que «este encuentro representa un hito en nuestros esfuerzos conjuntos por promover y proteger los derechos humanos. La colaboración entre la CIDH y los órganos de tratados de la ONU es fundamental para abordar los desafíos actuales y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todas las personas en la región».
Toda persona, incluyendo los familiares de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En contextos de desaparición forzada, el derecho a la verdad incluye también el derecho a ser informados de las diligencias practicadas y de los resultados obtenidos. En este caso, más de 41 años desde la desaparición forzada de las víctimas, ha existido una total impunidad.
La Directiva tiene como fin regular las prácticas corporativas en relación con la sostenibilidad y los derechos humanos, aplicándose tanto a empresas de la UE como a grandes empresas no comunitarias operando en el mercado europeo.
El problema es que el edadismo está tan generalizado y aceptado que ni siquiera se percibe su efecto perjudicial para la dignidad de las personas mayores y ello debe ser entendido como una violación de los derechos humanos profundamente arraigada tal como sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El crimen organizado es un fenómeno delictual ya instalado en nuestro país y que requiere acciones concretas y eficaces para su combate. De allí la importancia de equiparar el crimen organizado con el desarrollo de conductas terroristas por ser ambos tipos delictuales, por esencia, contrarios a los derechos y libertades de las personas.
