Toda persona, incluyendo los familiares de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En contextos de desaparición forzada, el derecho a la verdad incluye también el derecho a ser informados de las diligencias practicadas y de los resultados obtenidos. En este caso, más de 41 años desde la desaparición forzada de las víctimas, ha existido una total impunidad.

La Directiva tiene como fin regular las prácticas corporativas en relación con la sostenibilidad y los derechos humanos, aplicándose tanto a empresas de la UE como a grandes empresas no comunitarias operando en el mercado europeo.

El problema es que el edadismo está tan generalizado y aceptado que ni siquiera se percibe su efecto perjudicial para la dignidad de las personas mayores y ello debe ser entendido como una violación de los derechos humanos profundamente arraigada tal como sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El crimen organizado es un fenómeno delictual ya instalado en nuestro país y que requiere acciones concretas y eficaces para su combate. De allí la importancia de equiparar el crimen organizado con el desarrollo de conductas terroristas por ser ambos tipos delictuales, por esencia, contrarios a los derechos y libertades de las personas.

El ministro Hormazábal Abarzúa condenó a los tenientes coroneles (r) Claudio Patricio Raggio Daneri y Guillermo Miguel Riveros Rojas a 15 años y un día de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas, en calidad de autores de los delitos.

La demanda busca remediar estas presuntas violaciones para garantizar que los derechos conferidos por HALT sean respetados plenamente por las autoridades penitenciarias de Nueva York. Plantean cuestiones de interés relativas a la implementación y el cumplimiento de la legislación penitenciaria en el Estado, así como sobre los derechos de las personas con discapacidades dentro del sistema correccional.

El organismo alertó que los sistemas públicos encargados de las políticas públicas de niñez y adolescencia están frente a un escenario de alta complejidad, en medio de un proceso de reforma importante a partir de la implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

En particular, lo concerniente a los efectos que esta figura tendría en el registro civil de los niños concebidos en Colombia.

«Por lo tanto, los tratados de derechos humanos, y las opiniones consultivas de la Corte IDH que les dan mayor precisión, fungen como guía para la interpretación y aplicación de la normativa constitucional en nuestro país. Sin embargo, es importante señalar que estos tratados deberán ser aplicados por los órganos jurisdiccionales de manera que estén armonizados con otras normas de rango constitucional; como si de una norma en un artículo constitucional se tratara».

El Estado no ha adoptado ningún tipo de acción reciente para atender la situación que enfrentan los integrantes de la organización PROVEA. Lo anterior ha llevado a que los factores de riesgo identificados por la Comisión en 2015 y 2019 no se concentren solo en las personas que tienen cargos de coordinación, sino también en el resto de las personas que integran la mencionada organización.