El artículo reflexiona sobre el enfoque de género en las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las resistencias que muchas veces enfrentan estas sentencias transformadoras para su cumplimiento.
La OSCE reitera la necesidad de que todas las partes en el conflicto respeten el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, enfatiza la importancia de adoptar mecanismos efectivos para investigar y sancionar las presuntas violaciones documentadas, con el fin de garantizar la rendición de cuentas conforme al derecho internacional.
Se hace referencia a obligaciones establecidas en el derecho internacional, particularmente en lo que respecta a la protección de la población civil, e incluye una demanda de cumplimiento de la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad. Esta última requiere la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, el retorno de desplazados palestinos a sus hogares y el intercambio de prisioneros entre las partes implicadas.
Entre las principales cifras entregadas por la institución, se destaca que el 71% de las querellas correspondieron a delitos de violencia sexual contra la niñez y un importante aumento del número de niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección especializada.
Las presuntas víctimas, tanto nacionales sirios como ciudadanos extranjeros, habrían sido sometidas a diversos métodos de tortura, incluyendo golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas y otras formas de maltrato físico y psicológico. Asimismo, se alega que los acusados supervisaban o permitían la creación de un entorno de detención caracterizado por el uso de la violencia y el sufrimiento deliberado.
Entre las recomendaciones del informe se incluye la necesidad de incorporar medidas específicas para la protección de la infancia en los marcos legales y operativos contra la trata de personas. Asimismo, enfatiza la importancia de fortalecer los sistemas de justicia para abordar el trabajo forzoso y la trata transfronteriza.
Una experta de la ONU insta al Congreso chileno a modificar su restrictiva ley del aborto y llama al país a hacer una realidad para todos sus ciudadanos el derecho a la salud, incluida la salud mental. Asimismo, manifiesta preocupación frente a denuncias de que la sanidad se ha convertido en un negocio.
Los términos de la prescripción no se deben aplicar con un formalismo excesivo que impida el acceso a la justicia para que se analice el mérito de un reclamo, por lo que, en casos de indemnización por lesiones, debe permitirse ejercer el derecho a partir de que la persona efectivamente se encuentre en condiciones de conocer y evaluar el daño sufrido.
Es importante señalar que la Comisión, antes de emitir las 22 recomendaciones que le hace a El Salvador y ponerse a su disposición para brindar asistencia técnica en la implementación de las mismas, ha reconocido expresamente que las maras y pandillas son un grave problema que ha afectado al país durante décadas debido al profundo control e influencia que tienen en diversos territorios y los altos niveles de violencia que emprenden.
Desde la entrada en vigencia de la ley del 2 de agosto de 2021 relativa a la bioética, la procreación médicamente asistida ya no pretende remediar la infertilidad de una pareja sino responder al “proyecto parental” de una pareja o de una mujer soltera. En el caso de una pareja, si uno de sus miembros muere, este proyecto parental desaparece y no se puede producir la implantación de los embriones concebidos in vitro.
