En la diligencia el ministro Hormazábal tomó declaración a la víctima sobreviviente, tres testigos de los hechos y a los militares en retiro acusados Gustavo Camilo Ahumada, Jerman Ocares Morales y Luis Pavez Silva; además de René Ojeda Caro, empleado civil y reservista del Ejército.

El país africano ha reprimido férreamente a las personas de este colectivo, que si son descubiertas realizando actos sexuales arriesgan penas de cárcel. En general, la sociedad tunecina es muy tradicional y tiene poca tolerancia con estos actos, lo cual de cierta forma explica la severidad de su legislación.

En total 21 acuerdos fueron revocados, incluida la Carta Social Europea de Derechos Humanos. La decisión fue aprobada tras una iniciativa presentada por el presidente Putin, quien en marzo de 2022 retiró a su país del Consejo de Europa como respuesta a las sanciones por la invasión a Ucrania.

La normativa, que es una enmienda a la Ley de Ciudadanía de 1952, solo será aplicable a los condenados por terrorismo que reciban fondos de la Autoridad Palestina. Organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por la medida.

En su informe sobre violencia, la CIDH notó que las personas intersex muchas veces experimentan violencia médica, lo que incluye las cirugías irreversibles, la esterilización involuntaria y un exceso de exámenes médicos. Producto de ello, abogó por la creación de protocolos para proteger la salud y la integridad personal de las personas intersex y la prohibición de innecesarias cirugías y esterilizaciones realizadas sin su consentimiento, entre otras medidas. En la misma línea, en su informe sobre reconocimiento, la CIDH recomendó que los Estados consideren esas intervenciones innecesarias y no consentidas como tortura.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 1973, en el marco de la denominada “operación peineta”, que buscaba capturar a opositores del régimen militar en la zona cordillerana entre Concepción y Valdivia. Sin embargo, en fallo dividido, el máximo Tribunal sustituyó de oficio la pena privativa de libertad por la remisión condicional de la pena, aduciendo razones humanitarias en atención a los derechos que posee el condenado al ser un adulto mayor.

La misión especial enviada por la ONU constató graves violaciones a los derechos humanos e innumerables casos de impunidad, dado que las autoridades libias no han hecho grandes esfuerzos para investigar los crímenes y castigar a los hechores.

Estuvo detenido sin cargos en su contra por su presunta vinculación con grupos contrarios a Israel. Tras ser deportado arribó a Francia, país del cual es nacional.

El ministro Mesa Latorre dejó a los procesados sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total, en atención, principalmente, a la edad de los exuniformados y a la situación sanitaria que se vive en el país.

Es el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Desde hace décadas, se enfrenta a una crisis multidimensional y compleja, derivada de la violencia política; la corrupción y la impunidad; la destrucción de las instituciones democráticas y judiciales; la violación sistemática de los derechos humanos, y la proliferación de bandas armadas.