Su principal objetivo es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.
La Comisión urge al Estado a que en la adopción de sus políticas migratorias, leyes y medidas de gestión de fronteras se respeten y garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección.
En particular, la Comisión condenó la detención y criminalización de Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García, quienes habían hecho públicas sus precandidaturas presidenciales, en el contexto de las elecciones generales previstas para noviembre próximo.
663 organizaciones han pedido que se derogue la normativa, teniendo presente que, en los últimos años, todas las vías constitucionales para lograr su anulación en los tribunales locales han resultado inútiles a causa de la falta de independencia judicial y del estricto control que el ejecutivo ejerce sobre el poder judicial.
También se solicita expresar la “total solidaridad con los familiares de las víctimas fatales” y expresar el repudio por los hechos de violencia y violaciones a los DD.HH.
La Comisión lamenta la falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la impunidad y, en general, la grave crisis que atraviesa al país. A la fecha, desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las víctimas, afirma.
La Comisión determinó una serie de violaciones que se verificaron en el marco del proceso penal. En primer lugar, determinó que la víctima no contó con el tiempo y los medios para la preparación de una defensa adecuada y efectiva.
El Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad de reparación, porque a ello le obliga el Derecho Internacional.
Rusia fue, con diferencia, el país europeo que más condenas recibió (173), la mayor parte de las cuales fueron en la categoría de «derecho a la libertad y la seguridad» y «derecho a un juicio justo».
El Tribunal de alzada rechazó los recursos de casación en la forma y confirmó la sentencia que condenó a José Cruz Lorente y Humberto Acevedo Godoy a 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito.
