El ministro Vásquez Plaza condenó a Sergio Fernando Contreras Mejías, Luis Enrique Campos Poblete y Juan Luis Fernando López López a 17 años de presidio. En tanto, Braulio Javier Wilckens Recart deberá purgar 15 años y un día de presidio.

La conducta de los acusados se enmarca dentro los denominados “delitos de lesa humanidad” y resultan imprescriptibles e inamnistiables en conformidad al Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos.

Eduardo Patricio Millán Manríquez, profesor de física detenido y sometido a torturas en recintos de la Armada, en 1975.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, en la parte que acogió la demanda, con declaración que la suma que el Fisco deberá pagar a los demandantes por concepto de daño moral, asciende a la suma de $20.000.000 para cada uno.

El Tribunal estableció la responsabilidad del Estado por los daños causados a las víctimas por la comisión de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible en el ámbito penal y civil.

Los beneficios de la ley N°19.856 incluyen a sujetos condenados por violaciones a los Derechos Humanos, lo cual implica una forma de impunidad que relativiza la gravedad de los crímenes cometidos y justifica la negación histórica de las atrocidades perpetrada por agentes estatales.

La Comisión reconoce los desafíos presentados por los contextos de movimientos migratorios mixtos de carácter masivo en la región, y busca identificar los principios y elementos claves que deben ser garantizados para que flujos y procedimientos de protección cumplan con estándares internacionales en la materia.

El magistrado encausó a los exagentes Carlos Herrera Jiménez, Roberto Cartes Candia, Fernando Mc Farlan Aravena y Manuel Frez Torres por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos en contra de Janet Jofré Waghorn, hecho ocurrido en octubre de 1983.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia del 26° Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda.

El Tribunal de alzada condenó a Jorge Reyes Morel, Pedro Lovera Betancourt, Donato López Almarza y Juan Fernández Berardi a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de homicidios.