El ejercicio de las actividades de inteligencia a cargo de los organismos del Estado, dados los medios empleados y su incidencia en la obtención y utilización de información, incluidos datos personales, supone una injerencia en la esfera de derechos de las personas, en particular del derecho a la vida privada.

Sostiene que sus condenas son incompatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Entre las vulneraciones identificadas, destacan las limitaciones al derecho de libertad de expresión, la falta de acceso a un juicio imparcial y restricciones indebidas a la libertad personal.

El análisis incluye cuatro categorías de derechos: los relacionados con la integridad física, tales como la prevención de tortura y desapariciones forzadas; los derechos de empoderamiento, entre ellos, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres; los derechos laborales, como la prohibición del trabajo infantil y la protección de los trabajadores; y los derechos relacionados con el acceso a la justicia, que incluye el derecho a un juicio justo.

En concreto, pidieron a la CIDH urgir a los Estados a crear o fortalecer zonas intangibles libres de minería en consideración a sus valores culturales, climáticos o ecosistémicos; abstenerse de modificar los marcos normativos de protección ambiental y de pueblos indígenas con el propósito de facilitar la inversión en proyectos de minería para la transición energética sin considerar la protección de los derechos humanos, entre otros.

Expondrán en audiencia pública información sobre las afectaciones a territorios y comunidades de América Latina a raíz de la expansión e intensificación de la extracción de litio, cobre y otros minerales utilizados para la generación de energías renovables

La REDESCA subraya que, ante los devastadores efectos del cambio climático en la región —como las intensas tormentas, graves inundaciones y catastróficos incendios forestales—, se hace urgente una respuesta financiera adecuada que atienda a la crisis ambiental, y que proteja los derechos humanos de las comunidades más vulnerables.

El informe detalla episodios de violencia sexual, uso de descargas eléctricas y otras formas de agresión física durante los interrogatorios, como golpizas, quemaduras y exposición prolongada a descargas eléctricas en contacto con agua. Estos métodos se identifican como parte de un patrón de trato severo e inhumano dirigido a personas bajo custodia.

Los jueces deben velar por que la privación de libertad se cumpla en forma acorde a los estándares mínimos fijados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos –Reglas Mandela- y, en esa tarea, ordenar, en su caso, el cese de los actos u omisiones.

En diversos foros internacionales, Arabia Saudita ha sido objeto de evaluaciones en las que se han planteado preocupaciones por la situación de los derechos humanos en su territorio. En particular, recientemente no obtuvo un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, decisión atribuida a cuestiones sobre derechos fundamentales.

El Convenio Europeo de los Derechos Humanos y sus Protocolos Adicionales contienen casi exclusivamente derechos civiles y políticos, pues los derechos económicos y sociales están protegidos fundamentalmente, en el ámbito del Consejo de Europa, por la Carta Social Europea.