La Corte Europea de Derechos Humanos determinó que la búsqueda y confiscación de documentos personales de una asociación masónica en Italia, ordenada por una comisión parlamentaria, fue desproporcionada y violó el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Un informe revela la estrategia represiva del régimen venezolano para impedir elecciones libres y transparentes, y perpetuar su permanencia en el poder. La CIDH llama a la comunidad internacional a tomar medidas para restaurar la democracia en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda la decisión del presidente Biden de conmutar 37 penas federales de muerte, pero manifiesta su preocupación por las 25 ejecuciones realizadas en 2024 y reitera su llamado a abolir la pena capital.

Previo a esta ley, Zimbabue mantenía un estatus de moratoria de facto sobre la pena de muerte, ya que la última ejecución se realizó hace casi 20 años. No obstante, no existía una declaración formal que prohibiera su aplicación, ni tampoco una derogación de las disposiciones legales que la contemplaban.

El tribunal ordenó medidas alternativas, incluyendo arresto domiciliario total, arraigo nacional y supervisión por el Servicio de Reinserción Social Juvenil, considerando la vulneración de derechos de la imputada y su hijo bajo las normas internacionales de derechos humanos.

La verdadera solución al crimen no se encuentra en medidas extremas, sino en fortalecer el sistema judicial, garantizar investigaciones eficientes, promover políticas de prevención y abordar las raíces estructurales de la violencia, como la desigualdad y la exclusión social. Rechazar la pena de muerte reafirma el compromiso de nuestro país con los derechos fundamentales y con la construcción de una sociedad más equitativa y humana.

El trabajo es un derecho humano y un derecho fundamental que permite a las personas resolver sus necesidades y contribuir a la realización de sus proyectos de vida. La jurisprudencia constitucional lo reconoce como un valor fundante de la Carta Política y lo define como una actividad libre, lícita que se realiza, en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, y que contribuye a la dignificación personal y al progreso social.

El informe recomienda a la comunidad internacional mantener y reforzar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el fin de respaldar las acciones de la Policía Nacional de Haití. También insta a implementar mecanismos para restringir el suministro, venta y transferencia de armas al territorio haitiano.

El tribunal de Palermo considera que el ministro actuó dentro de sus competencias al impedir el desembarco de 147 migrantes rescatados frente a Lampedusa. La Fiscalía había solicitado seis años de prisión.

Ambos informes incluyen también referencias a la situación en Yemen y Gaza, sugiriendo que tanto Estados Unidos como el Reino Unido habrían respaldado acciones militares y políticas que resultaron en afectaciones a la población civil.