El derecho de huelga no es absoluto. Puede estar sujeto a ciertas condiciones y restricciones. Así, en particular, se pueden imponer restricciones al derecho de huelga de los trabajadores que prestan servicios esenciales a la población, mientras que una prohibición total del derecho de huelga respecto a ciertas categorías de dichos trabajadores requiere pruebas sólidas por parte del Estado para justificar la necesidad de esas restricciones.

Los Estados tienen la obligación de facilitar la participación de las mujeres de edad en el trabajo remunerado sin que sean discriminadas por motivos de su edad o sexo. Deben velar por que se preste especial atención a atender los problemas que puedan afectar a las mujeres de edad en su vida laboral y por qué no se las obligue a jubilarse anticipadamente o a aceptar soluciones similares.

El ejercicio de cargos gremiales no es una “carta blanca” o “tarjeta de indemnidad” para ejercer cualquier tipo de acto aún contrario al de ley, ya que si bien en orden a defender los derechos de los trabajadores, éstos y sus representantes poseen facultades constitucionalmente reconocidas para tomar variados tipos de medidas, el ejercicio de estos derechos posee el límite del respeto de los derechos del empleador y de terceros ajenos a la relación laboral.

La Directiva interpretada se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual, a los efectos de determinar el derecho de un nacional de un tercer país, titular de un permiso único, a prestaciones de seguridad social, solo se tienen en cuenta los hijos nacidos en un tercer país que estén a su cargo si se acredita su entrada regular en el territorio de ese Estado miembro.

El análisis incluye cuatro categorías de derechos: los relacionados con la integridad física, tales como la prevención de tortura y desapariciones forzadas; los derechos de empoderamiento, entre ellos, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres; los derechos laborales, como la prohibición del trabajo infantil y la protección de los trabajadores; y los derechos relacionados con el acceso a la justicia, que incluye el derecho a un juicio justo.

Varias organizaciones civiles han advertido que esta reforma afecta los derechos laborales y la independencia de los juzgadores.

El derecho a vacaciones retribuidas ha sido declarado reiteradamente como un principio del derecho social comunitario europeo asociado a la garantía de seguridad y salud de los trabajadores y frente al que no es admisible ningún tipo de excepción. En este sentido, el empresario debe velar de manera concreta y transparente por que el trabajador pueda efectivamente disfrutar de sus vacaciones anuales pagadas.

La Constitución Política del Perú establece que los documentos privados solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley, y en su defecto al no seguirse el procedimiento establecido, las pruebas obtenidas carecen de efecto legal.

El ejercicio del poder de organización no puede violar derechos que integran el orden público laboral del que, como tal, no se puede prescindir. Extremo éste que, como se observa, se verificó en autos por vía de la creación de un plazo de caducidad para el reclamo de los reintegros ajeno a la ley.

Debido a que la ley no lo exige a los particulares, donde nadie está obligado hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que no prohíbe, esto si se tiene en cuenta que el trabajo no sólo es un deber, sino un derecho y su ejercicio no puede condicionarse a preguntar del modo como obtienen los ingresos para pagar su tarea que se entiende es legal.