La Corte IDH ha establecido que los derechos reproductivos integran los derechos humanos. Ha indicado que el derecho a la vida privada se relaciona con: i) la autonomía reproductiva; y ii) el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho.
La iniciativa busca enmendar el artículo 34 de la Constitución francesa para incluir explícitamente la libertad de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta modificación otorgará al Parlamento la responsabilidad de establecer las condiciones en las que se ejerce este derecho fundamental.
La enmienda constitucional requerirá la aprobación de ambas cámaras del Parlamento y podría someterse a referéndum o ser respaldada por una mayoría de tres quintos en una sesión conjunta. Aunque el gobierno de Macron favorece la segunda opción, la seguridad en el nivel de apoyo en el Senado es menos clara que en la Asamblea Nacional.
La consagración del derecho al aborto a nivel constitucional se transformó en una cuestión prioritaria para el gobierno, luego que el presidente Macron lo prometiera el 8 de marzo pasado (día Internacional de la Mujer).
El Estado ha faltado gravemente al deber que le asiste de entregar un servicio efectivo y no respetar la voluntad de sus derechos reproductivos, que, por lo demás, representa una preocupación del Estado de Chile plasmado en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer.
Es necesario reconocer a la partería como un saber ancestral que constituye un patrimonio inmaterial que se transforma en una expresión cultural y étnica de cada comunidad.
El derecho a la salud incluye los derechos reproductivos y la atención sanitaria necesaria para el ejercicio de estos.
