El hecho de que la Corte Suprema de Arizona haya determinado que la ley estatal de aborto es ejecutable plantea importantes preguntas sobre el futuro de los derechos reproductivos en el Estado y en el país en su conjunto.
La decisión se enmarca en un litigio judicial suscitado a raíz de una sentencia que prohibió el acceso a la píldora a nivel nacional y que fue apelado por distintos actores. Así, la Corte dejó sin efecto la medida dictada por el tribunal de segunda instancia que, al día de hoy, está conociendo el caso.
En un balance realizado recientemente señala que queda mucho por hacer en lo que respecta a la protección de los derechos reproductivos. Instó a los Estados a adoptar las medidas necesarias para que no sean afectados.
La propuesta busca establecer un deber estatal para asegurar el acceso progresivo a técnicas de reproducción asistida, para todas las personas con imposibilidad de concebir.
Advierte que existen múltiples iniciativas legislativas y de políticas públicas que podrían obstaculizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
