La finalidad del principio de acción sin daño en los segundos ocupantes es reducir el impacto que puede traer para estos sujetos las medidas de restitución de tierras, sin menoscabar la protección de las víctimas del conflicto armado y las víctimas de despojo. Por esta razón, las medidas de protección a los segundos ocupantes se encuentran circunscritas a ciertos criterios.
La Corte Suprema estimó que las funciones ejercidas por el demandante son propias de un mando medio, y no pueden ser subsumidas bajo un cargo de exclusiva confianza, más aún, si el actor formaba parte del sindicato de trabajadores de la empresa estatal, hecho incompatible para un funcionario que presuntamente ejercía un cargo de confianza.
La demandada no pudo probar que el cargo ocupado por el actor poseía facultades de representación, como pagar a proveedores, concurrir a acuerdos judiciales o extrajudiciales a nombre de la empresa, o pagar impuestos; por lo que el despido fue declarado improcedente.
El asunto debe ser conocido en el procedimiento pertinente máxime si no se ha acreditado la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo impero esta Corte debe proteger.
Es deber del juez comprobar que la Administración adoptó las medidas de protección suficientes para no desamparar a las personas vulnerables que serán desalojadas forzosamente de la vivienda que ilegalmente ocupaban.
Cuando el derecho se ejercita tan tardíamente se torna inadmisible porque la otra parte pudo pensar razonablemente que ya no se iba a ejercitar.
La Corte Suprema ordenó considerar el total de años servidos a la institución, sin el tope de 30 años, y declaró imprescriptibles las acciones tendientes a reclamar derechos de la seguridad social.
El contrato de trabajo debe terminar efectivamente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo para que opere el descuento en cuestión.
En caso de fallecimiento del funcionario, el pago debe realizarse a sus herederos.
El Tribunal Supremo emitió una orden de emergencia que bloquea una ley del estado de Nueva York destinada a proteger a los arrendatarios del desahucio durante la pandemia causa por Covid-19.
La demandada invocó la causal de desahucio del empleador.
