El Tribual de alzada ordenó, además, que el municipio se coordine con los ministerios del Interior, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social para que se implemente un recinto transitorio para albergar a los desalojados, en caso de ser necesario.

Se trata de bienes que no le pertenecen a la recurrida, por lo que afecta la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

El demandante acudió a la magistratura civil de Moscú para poner término a un contrato de arriendo celebrado en 2015. El máximo Tribunal acogió el exequátur luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, desestimando la oposición de la demandada la que debe ser presentada en la etapa de cumplimiento de las sentencias extranjeras aprobadas.

Precisa que durante todo el procedimiento de retiro –y eventual desalojo- se deberán respetar y resguardar la dignidad e integridad de los ocupantes irregulares, quienes deberán ser debidamente informados de las medidas en su contra.

El máximo Tribunal adopta esta decisión al verificar que la aplicación irrestricta de la ley 21.249 (que imposibilitó el corte de servicios básicos durante parte de la pandemia) beneficia a los ocupantes irregulares del inmueble de la recurrente, pues se generaron deudas a su nombre por consumos que realizaron los primeros.

Las facultades de resguardo de bienes estatales con las que está revestida la Delegación Presidencial, únicamente alcanza a aquellos que son nacionales de uso público. Por lo que la supuesta ocupación ilegal de un terreno fiscal debe ser conocida y resuelta por los tribunales con competencia en lo civil.

Los inmuebles fiscales que no cumplen con esta calidad deben ser reivindicados mediante las acciones posesorias, como lo indica el artículo 19 del DL N°1.939.

En procedimientos de desalojo las autoridades deben adoptar acciones para proteger el goce efectivo del derecho a la vivienda de la población ocupante, pues son sujetos de extrema vulnerabilidad.

El acto constituye un acto de autotutela. La empresa debe acudir a tribunales civiles para solicitar la restitución de la propiedad.

Sin un acuerdo entre partes o una sentencia firme que lo ordene, el retiro de bienes de un local arrendado con rentas impagas constituye un acto de autotutela.