En 1988, el gobierno iraní llevó a cabo ejecuciones de miles de presos políticos sin proporcionarles el debido proceso legal. Estas ejecuciones fueron supervisadas por un comité de tres personas, una de las cuales fue el ministro de Justicia, Mustafa Pour-Mohammadi. Pese a las protestas del ayatolá Montazeri, las ejecuciones continuaron, y se estima que causaron entre 2.800 y 4.481 muertes.