Personas expertas han recibido denuncias reiteradas de familiares, representación legal y organizaciones de la sociedad civil que buscan conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos y clientes, y que han informado que sus denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados.
La media prescripción es contraria a las obligaciones del Estado en materia de investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos debido a que genera una atenuación a la dosificación punitiva que puede causar que la condena se vuelva irrisoria, haciendo en casos que la condena impuesta termine siendo inferior al mínimo establecido para ciertos delitos.
Toda persona, incluyendo los familiares de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En contextos de desaparición forzada, el derecho a la verdad incluye también el derecho a ser informados de las diligencias practicadas y de los resultados obtenidos. En este caso, más de 41 años desde la desaparición forzada de las víctimas, ha existido una total impunidad.
La comisión investigadora tuvo un foco mayor en el accionar del Servicio Médico Legal y del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Entre las conclusiones se acusan negligencias y falta de documentación conductora en el traslado de las osamentas.
El acto de reconocimiento de responsabilidad internacional cumplió con los requerimientos indicados en la sentencia, e incluso abarcó aspectos no ordenados en la misma, tales como la realización de un espacio de atención psicosocial previo, lo cual demuestra la voluntad del Estado de cumplir esta medida de la manera más satisfactoria para las víctimas, lo cual contribuye significativamente a su dignificación.
Tiene por finalidad avanzar en el reconocimiento a víctimas de la dictadura y garantizar el cuidado de la democracia fortaleciendo la memoria.
Busca trazar la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborar con las investigaciones judiciales y ayudar a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.
Se configuran los elementos de la desaparición forzada, pues la víctima se encontraba ejerciendo sus funciones como soldado en el Ejército colombiano y al momento de los hechos el Estado tenía posición de garante. Además, se probó que fueron agentes estatales quienes estuvieron involucrados en su desaparición y hasta el momento el Estado no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre su paradero.
Con el propósito de prevenir un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas previo a examinar la solicitud de medidas provisionales y las observaciones a la misma, esta Corte estima necesario ordenar al Estado de Guatemala que se abstenga de ejecutar la decisión del tribunal nacional.
El hábeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que le incumben, respecto de las cuales, en caso de existir agravio constitucional, cabe la interposición de los recursos de ley.
Tras más de cuatro décadas, la falta de esclarecimiento de la desaparición alteró el proceso de duelo, perpetuando el sufrimiento y la incertidumbre de la familia. Estas afectaciones se proyectarán en el tiempo mientras persistan los factores de impunidad y la falta de esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida. La violación del derecho a la verdad constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos.
