El incumplimiento que exige el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo no sólo debe ser grave, sino que debe tener una conexión necesaria y directa con el contrato de trabajo.

El insulto u ofensa grave dirigida por el trabajador/a al empresario/a justifica, como regla general, el despido disciplinario. El referirse al empresario/a, en los mismos términos, en una conversación privada y «cerrada», con expectativa de intimidad, entre compañeras de trabajo que están en conflicto con el empresario, no.

La conducta imputada es de suma gravedad. Ante estos graves hechos, y habiendo la responsable de recursos humanos hablado con ambos para conocer sus versiones con anterioridad al despido; entendemos que no se ha infringido precepto alguno, ni se ha creado indefensión al trabajador despedido.

No existe justificación alguna para deslindar su responsabilidad en el desarrollo de los hechos, en tanto la actora sabía cuál era la película que se iba a reproducir, y que no fue obtenida de la biblioteca del colegio, sino que provenía de un adulto, por lo cual debió oponerse a su reproducción, dado que no está recomendada para niños de 9 y 10 años.

No es dudoso que la actuación del demandante constituye una grave quiebra de los principios sobre los que se asienta la relación, y especialmente de los que sirven de fundamento al ejercicio de un cargo como el de «gerente» basado en la confianza y responsabilidad. Lo expuesto es de suyo suficiente para la estimación de la meritada falta.

La normativa no impide que la investigación llevada a cabo por el detective incluya hechos sensibles que, aunque ocurran en el interior del domicilio, trasciendan de forma natural del mismo y puedan ser captados desde el exterior, sin necesidad de artificio alguno. No se puede declarar ilícita la prueba por el hecho de que el detective haya visto u oído algo que acontecía en un lugar del domicilio que era fácilmente visible desde el exterior.

La conducta desarrollada por el actor no puede enmarcarse dentro del ámbito de la libertad de expresión que todos pueden ejercer según la Constitución, ya que desarrolló en el correo electrónico no cuestionado un discurso relativo al colectivo homosexual que tendía a difamar públicamente a un grupo de personas por razón de su orientación sexual.

Los hechos expuestos constituyen indicios sólidos del enlace causal del despido con el parentesco del trabajador con la jefa de cuadrilla. Consideramos lo suficientemente plausible un ánimo represaliador oculto en la decisión empresarial, dado que la conducta de la jefa de la cuadrilla pudo contrariar y molestar a la mercantil al encontrarse que una de sus empleadas.

La comunicación del despido no ha logrado cumplir el recaudo de expresar de forma «suficientemente clara» los motivos en que se pretendió fundar la ruptura contractual. Por lo tanto, en la especie, la comprobada existencia de antecedentes del actor carece de conexión con un hecho presente.

No todas las ofensas verbales son acreedoras a la sanción de despido, sino aquéllas que injustamente ataquen al honor de la persona; y siempre que ello se realice dentro de la esfera de la relación laboral o con ocasión de ella, pero sin que deba fijarse en forma objetiva, sino que ha de conectarse con la ocasión en que las ofensas se infirieron por el trabajador al superior, y sus circunstancias de lugar y tiempo.