El Tribunal de alzada estableció la improcedencia del despido y ordenó a la empresa pagar un total de $5.345.635 por prestaciones adeudadas al trabajador.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que desestimó la demanda.
El Tribunal estableció que la empresa no justificó la desvinculación del trabajador y le ordenó pagar al demandante: $780.000, de indemnización sustitutiva de aviso previo; $780.000, de indemnización por un año de servicio; el recargo legal (50%) por la suma de $390.000, y por feriado proporcional, la suma de $210.011.
El Tribunal de alzada acogió el recurso presentado por el demandante, tras establecer que en la especie, se deben considerar las asignaciones de colación y movilización y el pago de viáticos para el cálculo de la indemnización por años de servicio.
El máximo Tribunal estableció que la materia planteada en el recurso no es equiparable con las que sustentan los fallos de contraste acompañados.
El Tribual de alzada confirmó la sentencia que acogió la demanda por despido injustificado y, parcialmente, la de cobro de prestaciones, ordenando a Codelco pagar las sumas de $5.996.71, por recargo sobre la indemnización por años de servicio, y la devolución de $4.815.008, monto descontado del seguro de cesantía.
El Tribunal estableció que la demandada no justificó en qué consisten claramente los ajustes estructurales, y tampoco la real necesidad en los cambios en relación a los trabajadores. Todo ello, no sólo obsta a la adecuada defensa del trabajador, sino que limita la posibilidad del Tribunal de analizar si los hechos que se indican resultan suficientemente probados.
Se aparta de las variables que permiten una contratación a honorarios en los términos del artículo 4 de la Ley 18.883.
Cuando el despido del trabajador se debe a necesidades de la empresa que hacen necesaria la separación de uno o más trabajadores.
El máximo Tribunal no hizo lugar al arbitrio especial, debido a que la sentencia impugnada no emitió pronunciamiento sustancial relacionado con la materia de derecho que se pretende unificar.
