Robles, experto en derecho laboral, recuerda que lo que sí puede hacer el empresario es tomar medidas para evitar que las relaciones sentimentales afecten de forma negativa en el trabajo. Por ejemplo, cambiar de puesto de trabajo, pero ello no puede suponer ninguna movilidad funcional o modificación sustancial de su jornada laboral, horario o condiciones económicas.

El tribunal destacó que “las compañeras tienen el perfecto derecho a sentirse libres y ajenas a sus desafortunadas faltas de educación, respeto y consideración», por lo que consideraron que el despido del empleado era procedente.

No hay que olvidar que sigue siendo un ambiente laboral y que lo que ocurra allí, puede ser objeto de despido.

Las fotos fueron captadas por una compañera, que luego las colgó en Instagram, todo ello sin consentimiento de la trabajadora despedida

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, al provocar un efecto retroactivo que anula el despido previo por necesidades de la empresa.

Los magistrados han dado la razón a Adeslas al entender que era una actividad que realizaba todos los días de forma habitual y constante, de manera que su jornada era destinada a otros cometidos ajenos a sus responsabilidades laborales, los cuales eran abandonados cuando subía los vídeos a Instagram.

Lo descubrieron porque en agosto de 2021 los ordenadores de la entidad mercantil iban muy lentos y tenían problemas de acceso a internet, por lo que necesitaron los servicios de una empresa informática.

De acuerdo al Minsal, a la fecha se encuentran contratadas (a honorarios y por Código del Trabajo) 14.250 personas, de las cuales 7.450 serán reubicadas dadas sus funciones.

Toda medida de fuerza que adopten los trabajadores debe ser pacífica, pues la legalidad del ejercicio de tales derechos está subordinada a que no exista violencia sobre las personas o las propiedades; siendo viable el despido de aquellos que implementaron conductas en violación a estos parámetros, debido a que los derechos que atribuye el ordenamiento jurídico no autorizan a los empleados a cometer arbitrariedades.

La magistrada desestimó la causal de necesidad de la empresa en el despido de la trabajadora y le ordenó a la demandada el pago de la suma única de $8.222.218 por concepto de recargo legal.