El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
La relación laboral viene marcada por un desgaste constante generado por el accionar del actor que culmina con los términos injuriosos vertidos en su red social que efectivamente ocasiona perjuicios a la firma, obrando con una actitud que no es propia de un buen trabajador, lo que torna imposible continuar con la relación laboral atento a la pérdida de confianza existente.
No obsta el hecho de que las “bromas” o los “chistes” del trabajador en cumplimiento de sus deberes para la empresa conforman una actitud reprochable, pero lo cierto es que tal circunstancia no resulta suficiente para extinguir el vínculo laboral con un dependiente que no contaba con antecedentes disciplinarios previos, sino que además ostentaba una antigüedad de 12 años en la empresa.
Además, el máximo Tribunal reitera que si el despido fue declarado improcedente, el empleador debe reembolsar el monto descontado como aporte patronal al seguro de cesantía del trabajador.
El máximo Tribunal, estimó que al momento del despido la notaria suplente infringió la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, al revisar las conversaciones de whatsapp que la funcionaria mantenía en uno de los computadores de la oficina con el anterior notario.
El demandante ejerció labores de ingeniero en la gerencia de mantenimiento de la división Chuquicamata, y fue desvinculado por necesidades de la empresa, al enfrentar la estatal un proceso de reorganización por cambiar la explotación de dicha mina de rajo abierto a cerrado, lo que le permitió disponer del despido de algunos de sus trabajadores, con el fin de optimizar sus recursos.
La recurrente demandó por tutela y despido injustificado al municipio de San Javier, no obstante, no acreditó la existencia de indicios de relación laboral debido a que el vínculo entre las partes siempre estuvo reconocido como prestación de servicios al amparo del Estatuto Administrativo.
El plazo establecido en el artículo 510 del Código del ramo, debe contarse desde el momento que termina la relación laboral. Si el trabajador ejerce la acción estando aún vigente el vínculo, se arriesga a sufrir represalias de parte del empleador.
La causal de despido contemplada en el Nº3 del artículo 160 del Código del Trabajo, no requiere la acreditación del estado de salud del trabajador, sino que su inasistencia sea injustificada, situación que puede revertirse con los medios de prueba respectivos.
La demandada no pudo probar que el cargo ocupado por el actor poseía facultades de representación, como pagar a proveedores, concurrir a acuerdos judiciales o extrajudiciales a nombre de la empresa, o pagar impuestos; por lo que el despido fue declarado improcedente.
