El Tribunal estableció que la cínica denunciada incurrió en actos vulneratorios de la garantía a la integridad física y psíquica de la trabajadora que se acogió a autodespido, al ordenarle que retornara a cumplir sus labores, pese a presentar síntomas de covid-19.

El Tribunal estableció el actuar discriminatorio de la demandada al despedir a trabajadores que se encontraban en sus domicilios, como medida de resguardo de contagios de coronavirus.

El Tribunal acogió en todas sus partes la acción y declaró que el despido verbal del conductor carece de causa legal y, por tanto, resulta injustificado y, además, vulneratorio del derecho a la integridad psíquica y a la honra del denunciante.

Los trabajadores que no aceptaban las condiciones laborales, así como aquellos que solicitaban baja médica por enfermedad, eran despedidos.

El Tribunal estableció que, en la especie, la demandada afectó seriamente la honra de la docente, al informar las causas que habrían motivado su despido, a la comunidad docente del establecimiento que dirigía, difamándola. 

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio enderezado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó la de primer grado que ordenó a Codelco pagar $95.871.812, por concepto de recargo por aplicación improcedente de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, al funcionario, quien prestó servicios a la minera estatal por 42 años.

El actor ejecutó actos que afectaron la seguridad del establecimiento y de sus compañeros de trabajo.

El Tribunal de alzada descartó error en el análisis de la prueba contenida en la sentencia impugnada, dictada por  el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.

El máximo Tribunal estableció que erraron los ministros de la sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la parte que acogieron la sanción de nulidad.

Los empleadores tienen prohibido solicitar exámenes médicos que no tengan relación con la función que los trabajadores deben desempeñar.