La proporcionalidad apunta a la congruencia entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo a imponer.
La relación que existe entre la ciudadanía y las autoridades que conforman el Poder Judicial es la misma existente entre un mandante y un mandatario, por ende, los jueces y ministros deberían rendir cuentas a la ciudadanía, se afirma en la iniciativa.
Además, se constató que se cumplieron con las diversas etapas y actuaciones que la normativa prevé para tramitar el procedimiento sumarial.
El ente contralor se limitó a emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del proceso sumarial, pues no le corresponde la determinación de aplicar una medida disciplinaria.
No hubo un retraso o inactividad injustificada por parte de la Administración.
La institución recurrida instruyó sumario administrativo contra el actor y dictó su baja de inmediata por mala conducta.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El actor discutió aspectos de mérito del sumario administrativo instruido en su contra.
La sanción fue resultado de un sumario administrativo.
La recurrente alega que no recibió una carta certificada notificando su destitución, por lo que no puedo defenderse adecuadamente en el proceso.
