La decisión de la Corte refleja un delicado equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la necesidad de garantizar la justicia penal. Si bien reconoció que la policía había violado derechos fundamentales del acusado, consideró que la exclusión de la prueba habría sido desproporcionada y contraria al interés público de asegurar que se juzguen los méritos de los cargos.