La defensa siempre estuvo en conocimiento del presunto vicio de ilegalidad de la detención del acusado, pero decidió no impugnarlo durante todo el proceso, por lo que es improcedente cuestionar un hecho asentado por medio del recurso de nulidad, en atención a la regla de preparación de dicho arbitrio establecida en el artículo 161 del Código Procesal Penal.
En el fallo el juez rechazó con costas la excepción de prescripción extintiva interpuesta por la parte demandada, tras establecer que Fanjul Lizarralde fue víctima de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles tanto en sede penal como civil.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 25 Juzgado Civil de Santiago, que desestimó las excepciones de reparación integral del daño y de prescripción extintiva opuestas por el fisco y que acogió parcialmente la acción indemnizatoria entablada.
La detención fue ejecutada por agentes del Estado en una época de excepción constitucional, a instancias del director del establecimiento de salud, un oficial de Ejército.
El incumplimiento de normas migratorias no constituye un delito, por lo que ninguna persona puede ser sometida a sanciones penales por su condición de movilidad humana.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que le ordenó al Fisco pagar $60.000.000 a Ávila Rosas y $30.000.000 a su hijo que tenía entre cinco y seis meses de gestación a la fecha de la última detención de su madre.
El TEDH consideró que la detención y prisión preventiva del demandante fueron ilegales y vulneraron las garantías procesales que protegían a los jueces del Tribunal Constitucional.
