Consta que el ejecutado tiene bienes, entre ellos, una propiedad, respecto de los cuales se ha pedido el embargo e incluso con auxilio de fuerza pública, a lo que el tribunal ha accedido, sin que la ejecutante haya realizado las actuaciones pertinentes para perseguir el cobro de lo adeudado sobre dichos bienes, lo que denota una desidia de su parte ya que han transcurrido 10 años desde el inicio de la causa ejecutiva.
El informe de deudas morosas no puede ser invocado por la demandante como la causa de su ruina económica al ser un impedimento para acceder a un crédito hipotecario que la actora gestionaba, esto, pues el documento da cuenta de deudas reales que posee la actora y que son de interés para los potenciales acreedores, en cuanto a considerar si corren el riesgo de perder el capital prestado o no.
La empresa ENEL, al ser quien exige el pago de la deuda, debía probar que el demandado efectivamente tenía el dominio sobre el inmueble que recibió el servicio, no siendo instrumento útil la boleta del suministro, por lo tanto, los jueces de fondo yerran al invertir la carga de la prueba y pedir al demandado que acredite que no es dueño del predio que generó la deuda.
La magistratura estimó que el pago parcial y no íntegro de los emolumentos del actor, vulneró el derecho de propiedad que aquel posee respecto de su remuneración, la que por ley posee una naturaleza alimentaria que el recurrido no puede desconocer.
La magistratura analizó el contrato de servicios educacionales firmado entre las partes, y razonó que sólo los servicios complementarios pueden ser suspendidos en razón de deudas con la casa de estudios, no así los servicios académicos, especialmente, cuando la recurrente padece de una enfermedad que le hace difícil asumir una deuda tan elevada, sin estar en posesión de un título profesional que le ayude a obtener mayores recursos.
La magistrada intentó revertir el fallo de alzada, que la condenó a restituir el dinero que había pedido prestado para cubrir diversas deudas con prestamistas y un banco, comprometiéndose a devolver el monto una vez jubilara su esposo y pudiera vender un inmueble, lo que no ocurrió.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de Enel y le ordenó restituir a la parte recurrente la suma de $57.093 pagados por concepto de intereses por mora, cuyo cumplimiento deberá informar en el plazo de 10 días, contados desde que la sentencia quede a firme.
El demandado suscribió cheques a plazo para comprar las fichas, los que bloqueó con posterioridad alegando que las deudas contraídas en juegos de azar adolecen de objeto ilícito, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal.
La solicitud de la gestión se presentó el 9 de diciembre de 2021, y la modificación del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil – que exige un antecedente escrito de la deuda que se cita a confesar – entró en vigor el 10 de diciembre del 2021, por lo tanto, el solicitante no se encontraba obligado a justificar por escrito ningún antecedente de la deuda pretendida.
En la especie, la demanda ejecutiva se notificó con posterioridad al plazo de un año establecido en la Ley N°18.092, por lo que los jueces de fondo debieron declarar prescrita toda la deuda y no sólo una porción de ella.
De otra parte, la Ley N°21.091, que entró en vigencia entró en vigencia el 29 de mayo de 2018, no puede aplicarse retroactivamente.
