La requirente sostiene que la aplicación automática del anatocismo es desproporcionada y no se justifica en el caso concreto, pues añade un gravamen innecesario que perjudica al empleador sin un beneficio adicional para el trabajador.
La magistratura declaró como laboral la relación entre una asistente social y la Municipalidad de Chillán, pero desestimó que el municipio deba hacerse cargo de la deuda previsional de la actora -salvo las cuotas del seguro de cesantía-, porque durante toda la vigencia del pacto, la propia demandante asumió el pago de sus cotizaciones mediante cláusula expresa en los contratos celebrados con el demandado.
La requirente estima que los preceptos legales cuestionados atentan contra la prohibición de prisión por deudas y sus garantías a un debido proceso, propiedad y no afectación de los derechos en su esencia.
Las sumas adeudadas de las cotizaciones previsionales a un ex trabajador constituyen un ilícito penal, por lo que la orden de arresto impugnada no vulnera la libertad personal del amparado, debido a que persigue el pago de montos que la ley considera para la alimentación del trabajador una vez pensionado.
La Sala del Senado respaldó por unanimidad y en general, la iniciativa que busca solucionar una serie de dificultades que ha debido enfrentar el sistema educativo y que se vieron agudizadas por la pandemia.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto, producen efectos inconstitucionales.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto, producen efectos inconstitucionales.
El amparado no pudo acreditar el pago de las cotizaciones impagas y su diagnóstico de Covid-19 fue considerado insuficiente para suspender la medida.
