El máximo Tribunal hizo suyo el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, que exigió el título apostillado original y no aceptó el documento electrónico respecto del título profesional acompañado por un ciudadano venezolano, para acreditar su calidad técnica, y así poder retirar los fondos descontados en virtud de la Ley Nº18.156.