Los derechos de aprovechamiento de aguas establecidos, por el solo mérito de la ley, en favor de las faenas mineras deben ser halladas por su titular con ocasión de tales labores, lo cual no ocurrió en el caso.

La decisión de la autoridad se fundó en que el traslado de ese punto de captación se había efectuado con anterioridad, siendo oponible a la actora atendida su calidad de actual titular del derecho de aprovechamiento de aguas.

Solo acreditó el dominio de la propiedad, pero no la existencia de los pozos objeto de la regularización a la fecha del 29 de octubre de 1981, según exige la norma transitoria del Código.

El acto impugnado solo enumera los antecedentes que se tuvieron en cuenta para resolver, sin explicitar sus razonamientos, por lo que deviene en ilegal al carecer de la debida fundamentación.

No se advierten razones que justifiquen la dilación de la DGA para resolver el recurso.

La resolución Nº7, de 2019, de la Contraloría determinó someter tales decretos al trámite de toma de razón, atendida la trascendencia de la materia y de sus efectos, a fin de cautelar la regularidad de dichos actos.

El ente contralor concluye que las contrataciones en cuestión carecen de la debida motivación y, por tanto, no se ajustan a derecho.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció la responsabilidad del Estado en el fatal accidente.

El máximo Tribunal consideró que hubo error al no aplicar la Ley N° 20.411 que limitó el aprovechamiento de aguas en la zona.