No existía jornada de trabajo, registro de asistencia, en su ausencia para embarcarse se buscaba otro tripulante o pescador y a este último se le pagaba su participación en lo obtenido en la pesca o nada.
Las conductas descritas no tenían por único objeto poner en noticia a la recurrente de la deuda con la tienda.
Estimó que no existió un debido proceso de expulsión, al haberse desistido la Intendencia Local de Atacama de su denuncia inicial.
El Tribunal de alzada descartó infracción en el proceso sancionatorio que culminó con la multa impuesta a la reclamante por no investigar apropiadamente la denuncia formulada por apoderada de alumna que fue víctima de injurias a través de la red social Instagram, en agosto de 2018.
La instancia abocada a resolver las divergencias entre ambas Cámaras alcanzó acuerdos en los artículos sobre protección complementaria, procesos de expulsión, catálogo de delitos, entre otras materias.
No es suficiente para determinar que constituyen indicios de la vulneración al derecho de indemnidad, desde que aun sin dichas denuncias el contrato debía concluir naturalmente en la fecha determinada.
En el año 2004 una moción parlamentaria puso fin a una ley que regía en el país desde 1884 y que impedía que las y los chilenos pudieran divorciarse y volver a contraer matrimonio.
La resolución impugnada no aplica debidamente principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados que rigen la prueba pericial del Código de Procedimiento Civil.
El máximo Tribunal rechazó el arbitrio enderezado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, la que no emite pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación de jurisprudencia.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia atacada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que mantuvo la multa de 60 UTM aplicada a la reclamante.
