Tuvo en consideración que la empresa recurrida, atendida la legislación vigente, no está facultada para modificar o alterar en ningún sentido la información remitida por los bancos u otras entidades financieras, limitando su actuar a aquello ordenado por la ley, esto es, proceder a la publicación de las morosidades que dichas instituciones le informan a tal efecto.
La actora acusó que fue informada como morosa en el boletín comercial, en circunstancia que la deuda observada se produjo por una estafa, error que fue advertido por DICOM que eliminó a la recurrente del registro, por lo que el recurso de protección fue desestimado por la magistratura por falta de oportunidad.
El demandante acusó al plantel de estudios de jactancia por mantenerlo como moroso en DICOM, sin poder argumentar ante el tribunal la carencia de respaldo jurídico del supuesto jactancioso, ya que en todo momento reconoce la deuda contraída en favor del demandado por un crédito de estudios solicitado en 2004, el cual estima como prescrito.
La medida, contemplada en una resolución aprobada por la Cámara, considera que el Estado no puede tener un rol pasivo frente a la inmensa cantidad de pensiones de alimentos que se encuentran impagas.
Tras la votación, el proyecto quedó listo para ser remitido para su proceso de promulgación como ley.
Si bien no se transgreden actualmente los derechos invocados por el actor debido a que se eliminaron sus antecedentes del registro de morosos, la Corte acogió el recurso y ordenó al Banco tomar todas las medidas necesarias para evitar que vuelvan a suceder los hechos denunciados.
A pesar que la empresa se excusó en que un tercero ajeno publicó la información en la base de datos, el máximo Tribunal desechó el arbitrio al estimar que con este argumento se pretendía incorporar un hecho no asentado a la causa.
Al satisfacer con este acto lo solicitado por el actor, el recurso interpuesto carece de oportunidad.
El actuar de la recurrida ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N°21 de la Constitución, en cuanto la publicación de la morosidad afecta directamente su prestigio comercial y con ello la posibilidad de desarrollar su actividad económica sin perturbación alguna.
El actor sostiene que las recurridas han emitido un pronunciamiento sobre la existencia de la deuda, y la exigibilidad de esta, y en base a ello ha resuelto mantenerlo en sus registros como moroso.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
