Esto, a propósito de solicitud del Alcalde de la Municipalidad de Ancud, quien requirió un pronunciamiento en relación con el bono para los trabajadores de las empresas concesionarias de aseo contemplado en la ley Nº 21.125.

El ente contralor adujo que lo señalado, debe ser regulado en sus respectivos reglamentos de funcionamiento interno.

El ente contralor adujo que la prohibición legal la constituye la entrega de bolsas plásticas de comercio, a cualquier título, esto es, proporcionarlas para los fines de transportar la mercadería adquirida, acción diferente al comercio de aquellas, aspecto al que aluden los recurrentes y que no es el objeto del pronunciamiento en cuestión.

El órgano contralor adujo que corresponde que ese organismo público dilucide la eventual afectación de la totalidad de los usuarios de la respectiva corriente -incluidos los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas-, y adopte las medidas que sean atingentes.

Esto, a propósito de solicitud del diputado Leonidas Romero Sáez, a través de la cual requiere que se determine si procede lo señalado, cuando estos instrumentos no se están ejecutando por decisión de la autoridad debido a la pandemia por COVID-19 que afecta al país.

Esto, a propósito de reclamo de un particular en contra de la DIPRES ya que para ingresar al “Registro de Expertos en Evaluación de Programas e Instituciones Públicas” establecido por ese servicio, se exigen requisitos que, a su juicio, constituyen una barrera de entrada para los postulantes.

El órgano contralor argumentó que los reclamos de la especie dicen relación con la supresión de horas, y no con la no renovación de contrataciones o prorrogas por un tiempo inferior, por lo que procede referirse al cumplimiento de la normativa que regula dicha medida a fin de determinar si los municipios se ajustaron o no a derecho al aplicarla.

Esto, a propósito de reclamo de particular sobre la Sección de Mediciones Psicométricas de Carabineros de Chile (SEMEP), por su negativa a renovarle la credencial que la habilitaba para desempeñarse como instructora de conducción en una escuela de conductores, fundada en la circunstancia de tener una anotación en su hoja de vida de conductor.

Esto, a propósito de presentación de hija de fallecido quien solicita se le reconozca el derecho a que la pensión de orfandad por invalidez, quedada al fallecimiento de su padre, ex imponente de la antigua Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, se le otorgue a partir del 26 de febrero de 1990, ordenando su pago con efecto retroactivo más reajustes.

El ente contralor constató que causante fue exonerada por motivos políticos de Confecciones Burger, el día 14 de diciembre de 1977 y que, a la data de su deceso, ocurrido el 1 de diciembre de 1993, no había solicitado ser reconocida como tal.