El ente contralor adujo que la normativa legal y reglamentaria vigente estableció que Carabineros de Chile debe ejercer las funciones de fiscalización y entregar las autorizaciones respectivas, las que se aplicarán a un conserje siempre que esa autoridad determine que este efectúa labores asimiladas a guardias de seguridad.

El ente contralor adujo esto, sin perjuicio de que la entidad edilicia pueda establecer una jornada parcial inferior a esas 45 horas, si la remuneración pactada es proporcionalmente menor a la correspondiente a quienes desempeñan la misma función durante la jornada máxima.

El ente contralor adujo esto, teniendo como base que se han establecido cuotas anuales de captura de unidades de pesquerías ubicadas en extensas y delimitadas zonas, las que se indican en los respectivos actos administrativos.

El ente contralor adujo esto, pues el Programa College de la Pontificia Universidad Católica de Chile es de carácter terminal.

El ente contralor adujo que, en el evento que se entregue tal autorización, el servicio debe velar por el resguardo del patrimonio público -como lo es un vehículo institucional-, requiriendo las pertinentes cauciones a quienes los conduzcan.

El ente contralor adujo esto, sin perjuicio de que dicha Superintendencia debe fiscalizar que ello se ajuste a las reglas previstas por el legislador.

El ente contralor adujo esto, sin perjuicio de que dicha Superintendencia debe fiscalizar que ello se ajuste a las reglas previstas por el legislador.

El ente contralor adujo esto, sin perjuicio de que su pago se efectúe de forma trimestral, para efectos de determinar la planilla suplementaria de los funcionarios traspasados a los servicios locales de educación pública.

El ente contralor adujo que se advierte que el abono de tiempo por gracia de 54 meses otorgado al peticionario, fue consumido en su primera pensión, de modo que no puede ser considerado en un nuevo beneficio jubilatorio.

El órgano contralor expresó que este criterio no afectará a aquellos proyectos que, debidamente aprobados y emplazándose en un área de protección de valor natural definida en un instrumento de planificación territorial, han comenzado a ejecutarse sin someterse al SEIA, por entender que, conforme al criterio sustentado por la autoridad competente, no se encontraban en la obligación de ingresar a ese sistema en razón de esa ubicación.