El alto tribunal ordenó al INPEC y a la cárcel accionada autorizar y permitir a la accionante el ingreso a dicho establecimiento con su cédula de ciudadanía venezolana, únicamente para efectos de garantizar la realización de la visita íntima con su pareja, siempre y cuando este la autorice, hasta que la actora pueda regularizar su situación migratoria y obtenga su pasaporte.
Si bien el derecho fundamental al agua no tiene reconocimiento expreso en la Constitución, la jurisprudencia ha entendido que sí está reconocido por la Carta Política y que es un derecho autónomo. A partir de ello, la Corte ha precisado que el Estado tiene varias obligaciones y deberes, como asegurar cantidad suficiente, disponibilidad, calidad adecuada, accesibilidad física y asequibilidad para los usuarios.
Además, se incluye un nuevo inciso que permitiría a los uniformados no obedecer órdenes que “lesionen la dignidad humana”.
Tanto el derecho a la integridad física y moral, como el derecho a la salud son inherentes a la naturaleza y dignidad humana. Por eso el Estado debe garantizar su pleno desarrollo y no puede suspenderlo ni restringirlo a las personas privadas de la libertad. La integridad física y moral implica el derecho a vivir sin ser sometido a ningún tipo de humillación o de instrumentalización.
La recurrente no demostró que la publicación de los pasajes impugnados del libro degradara o humillara a Kohl de forma que violara su derecho general al respeto de su persona. En todo caso, la imagen moral, personal y social adquirida por Kohl a través del trabajo de su vida no ha sido violada en grado tal que afecte el núcleo de la dignidad humana.
Gendarmería deberá instalar todos los objetos necesarios y hacer las reparaciones pertinentes para evitar que se lluevan las celdas de los módulos 112 y 115 y dotar a estas dependencias de las instalaciones sanitarias mínimas que sean compatibles con la dignidad humana, como baño, ducha y provisión de agua.
Impiden al Estado dar protección a la población e infringen las garantías constitucionales de igualdad ante la ley e igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.
Podría ser víctima de tratos inhumanos y degradantes incompatibles con la dignidad humana.
La empleadora señaló que se trata de una medida preventiva destinada a evitar las mermas en los productos.
La requirente estima que el hecho de que se la declare interdicta sin un procedimiento de lato conocimiento vulnera sus garantías fundamentales.
La labor de los defensores de derechos humanos se supone en sí misma muy riesgosa, en vista de la exposición física y pública que ella conlleva, y los muchos intereses contrapuestos a tales actividades.
