El autor recuerda una de las frases más citada en libros jurídicos. Dice Antígona al poderoso Creonte: «Yo no creí que tus decretos tuvieran fuerza para borrar e invalidar las leyes de los dioses»
El fallo fija un plazo de 30 días para adoptar medidas que generen condiciones acordes a los tratados internacionales sobre derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Se afirma que es una buena noticia, que escogieron la muerte por ingresar a un cuerpo militar “matón” en vez de estudiar, son “perros bastardos” y “perras putas”. Tales expresiones carecen de la gravedad injuriante que el tipo penal aplicado reclama. No sugieren actuaciones al margen de la ley o vulneradoras de derechos, que pudieran comprometer la dignidad y el prestigio de la institución, resuelve el Tribunal Supremo de España.
El respeto y preservación de los Derechos Humanos de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentren privadas de libertad no puede ceder frente a argumentos tales como lo antigua y precaria de la infraestructura carcelaria.
La materia investigada excede de las competencias institucionales de Carabineros, no siendo procedente la investigación de la vida personal e íntima y sus vinculaciones afectivas, con fines disciplinarios.
El requirente estima que se le ha privado arbitrariamente de la obtención del título de abogado, vulnerando sus garantías constitucionales.
Las actividades educativas permiten a la población penal adquirir habilidades útiles para desarrollar un proyecto de vida en libertad.
Junto a la dignidad, el reconocimiento de una sociedad plural y diversa, de los pueblos indígenas, entre otros.
El Tribunal de alzada ratificó la sanción del ente regulador contra CHV y el programa “Contigo La Mañana”.
Durante su última sesión, expuso Cecilia Heyden, paciente que sufre una enfermedad declarada terminal, en el marco del estudio del proyecto que establece el derecho a la eutanasia, regula las condiciones para su ejercicio, y modifica en conformidad a ello el Código Penal.
La iniciativa persigue incorporar medidas legislativas que contemplen a estos pacientes para establecer condiciones que permitan el desarrollo de sus vidas cotidianas.
