Con todo, no resulta procedente declarar en lugar de la resolución dejada sin efecto, que los terrenos efectivamente se encuentran fusionados, pues esa declaración excedería los márgenes del reclamo de ilegalidad. Deberá emitir un pronunciamiento en concreto y razonado de los motivos de su rechazo a la solicitud.

La resolución emitida por la Dirección de Obras Municipales se encuentra debidamente motivada, pues invoca la norma pertinente y señala expresamente que no se acreditó la vigencia del permiso conforme lo establece la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.

La conducta denunciada importó una vulneración del uso razonable de sus facultades, debido a que denegó el permiso, existiendo otros locales comerciales, de similares características funcionan de manera normal y con terrazas, incluso de mayor envergadura.

La Corte de Temuco indicó que, no pudo acogerse la acción constitucional de autos al no concurrir un presupuesto esencial de admisibilidad sustantiva de la misma, cual es la constatación de la existencia de un acto ilegal o arbitrario.

El Tribunal de Alzada consideró que dicha arbitrariedad vulneró las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.