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El Presidente de la República, con informe de la Dirección General de Aguas (DGA), podrá declarar zonas de escasez hídrica en las zonas de severa sequía por un período máximo de un año, prorrogable.
El Presidente de la República, con informe de la Dirección General de Aguas (DGA), podrá declarar zonas de escasez hídrica en las zonas de severa sequía por un período máximo de un año, prorrogable.
No procede que la DGA modifique el listado de derechos de aprovechamiento afectos al pago de patente por no uso en razón de la renuncia de éstos formulada con posterioridad a su inclusión en dicha lista.
Los recurrentes alegaron que el cumplimiento de dicha orden podría afectar a la flora y fauna silvestre que habita el lugar, argumento que fue desechado por la Corte, pues tal afectación es un hecho futuro e incierto.
Para el mes de septiembre de 2016, se observó un caudal de 259,1 metros cúbicos por segundo y en el mes de septiembre de 2021, marcó 286,3 metros cúbicos por segundo.
La resolución en análisis exige recurrir al principio pro-administrado, en cuya virtud es preciso interpretar la normativa aplicable de manera que no se perjudique al administrado.
La norma es perentoria en orden a señalar que deben existir obras de captación. No fue posible advertir la concurrencia de las infracciones a las normas en que se sustentó el recurso.
El titular se encontraba obligado a realizar las obras de captación del recurso, omisión que sólo es atribuible a sí mismo, en vista que nada impedía que lo realizara mediante un derecho de servidumbre.
El objetivo principal de la iniciativa es la creación de una nueva institucionalidad de recursos hídricos que fortalezca su gobernanza, planificación, regulación, inversión en infraestructura y gestión.
Las aguas se encuentran en propiedad y área de desarrollo indígena.
Vulnera la integridad psíquica desde que el acto puede afectar costumbres ancestrales y cosmovisión de la comunidad; la igualdad ante la ley al desconocer la normativa especial que persigue equipararlos al resto de la comunidad nacional.
La Corte de Apelaciones de Talca indicó que la cuestionada Resolución N° 116 se encontró debidamente fundada.