Discapacidad intelectual

TEDH condena a Hungría por no investigar debidamente la muerte de una mujer con discapacidad en una residencia estatal, que habría sufrido negligencia y maltratos.

Es inverosímil que el deterioro de la salud de la mujer y su muerte hubieran sido hechos repentinos o aislados o causados por acontecimientos impredecibles que las autoridades no hubieran podido evitar. Se constata que las autoridades no proporcionaron el nivel de protección necesario que les habría permitido evitar el deterioro de la salud de la afectada y su muerte prematura.

13 de octubre de 2024

Mayoría de edad del hijo no es motivo suficiente para extinguir la pensión alimenticia, si convive en el domicilio familiar y no es independiente económicamente debido a sus problemas de aprendizaje

11 de julio de 2024
No consta que el hijo haya concluido su formación o alcanzado su independencia económica, sino que por el contrario consta que el hijo, que ha tenido problemas de aprendizaje desde que estaba en educación infantil, no ha concluido su formación, debido a sus problemas, y por los que ha necesitado, y necesita terapia y tratamiento psicológico. Tampoco consta que haya accedido al mercado laboral.

Moldavia debe indemnizar a un joven con discapacidad intelectual que sufrió abusos en un hospital psiquiátrico, resuelve el TEDH.

29 de marzo de 2024
El marco legal moldavo existente no cumple con el deber del Estado (“obligación positiva”) de establecer y aplicar efectivamente un sistema que brinde protección a las personas con discapacidad intelectual en general, y a los niños privados del cuidado de sus padres en particular, contra graves violaciones de su integridad, en contravención del artículo 3 del Convenio.

Moldavia debe indemnizar a tres pacientes con discapacidad intelectual que fueron violadas y obligadas a abortar en un manicomio.

7 de diciembre de 2022
El marco legal existente no cumple con el requisito inherente al deber del Estado de establecer y aplicar efectivamente un sistema que proteja a las mujeres internadas en instituciones psiquiátricas contra graves violaciones a su integridad. La legislación penal es inadecuada y, por lo tanto, incapaz de proteger a las solicitantes del aborto y la anticoncepción no consentidas.
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