Los recursos municipales solo pueden ser usados para cumplir los fines institucionales, no siendo el traslado de los funcionarios con discapacidad un elemento indispensable que contribuya al normal desarrollo de los cometidos municipales. Sin perjuicio, como medida de acción positiva para fomentar la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad, puede implementar un sistema de otorgamiento del beneficio a través del servicio de bienestar.

La comisión del ramo de la Cámara aprobó la idea de legislar de la normativa que perfecciona la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

El trato no discriminatorio que debe darse a una estudiante con capacidades diferentes es uno que, atendiendo a sus diferencias y dificultades, la sitúe en un plano de igualdad en cuanto a su derecho de acceso a la educación superior.

Las autoridades tienen el deber constitucional y legal de adoptar, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ajustes razonables que garanticen que las personas en situación de discapacidad puedan ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás. Estos ajustes hacen parte del modelo social de discapacidad previsto por la Constitución.

En forma unánime, la Comisión de Hacienda aprobó las disposiciones del proyecto de inclusión laboral. Entre los avances incorporados en esta actualización de la ley vigente está el aumentar el porcentaje obligatorio de cupos para personas con discapacidad en unidades laborales con más de 100 trabajadores.

Los detalles que rodean estos casos son tan escasos que no podemos inferir que en ellos se usara fuerza excesiva. En el fondo, las alegaciones de la demandante sobre dos incidentes aislados no prueban de manera plausible que la autoridad tuviera una práctica generalizada de usar fuerza excesiva para castigar a los estudiantes con discapacidad.

El Tribunal de alzada estableció el actuar discriminatorio del municipio al caducar el permiso de ocupación de espacio público.

Las propuestas, elaboradas por personas y organizaciones de la sociedad civil, debían reunir 10 mil patrocinios ciudadanos para ser discutidas por los integrantes del órgano que redactará la propuesta de nueva Carta Magna.

La Municipalidad está obligada a realizar acciones positivas que faciliten el acceso de la recurrente a ser evaluada en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, pero no le permitió que tuviera materialmente acceso a un intérprete de señas.

Aborda aspectos sobre la inclusión laboral en las corporaciones y fundaciones municipales, Alta Dirección Pública, reportes de las empresas sobre la inclusión, consecuencias del incumplimiento, entre otros.