Hubo incumplimiento del estándar de actuación exigido por los tratados internacionales, la Constitución y las leyes, en las prestaciones médicas de la recurrente, al no adoptarse todas las medidas de accesibilidad y ajustes necesarios para garantizar su efectiva inclusión.

Conocida como “Ley TEA”, asegura el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardo de la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos del espectro autista. Además, se busca eliminar cualquier forma de discriminación.

Pese a que la universidad tenía el deber de estudiar la situación específica de la estudiante y, en consecuencia, darle un trato diferenciado acorde con su situación, no lo hizo cuando le fue comunicada la situación de discapacidad. Al analizar la vulneración de derechos que se produjo, la universidad tenía el deber de estudiar el caso con una perspectiva diferenciada, incluyente e interseccional.

Conocido como Proyecto de Ley TEA, dispone de un nuevo marco legal con el fin de promover la inclusión y el desarrollo social.

La autoridad sanitaria culminó un sumario sanitario informando al ELEAM que la residente no podía permanecer en el establecimiento, por no cumplir con la edad mínima, ni ser capaz de valerse por sí misma, debiendo ser trasladada a un recinto que sí cuente con las condiciones requeridas, atendido su estado de salud.

El Tribunal de alzada descartó error o infracción al debido proceso en el procedimiento sancionatorio.

Si bien el funcionario que realizó el examen médico debió consignar en el respectivo registro la discapacidad motora que motivó la limitación de la licencia, tal omisión no configura una ilegalidad ni una falta de servicio.

El informe afirma que las restricciones y limitaciones derivadas de la discapacidad tienen rangos variables, lo cual el proyecto no recoge, por lo que una persona con 5% de restricciones o limitaciones es tratada en igual forma que alguien que pueda contar con 100% de las mismas.

La vulneración del derecho al mínimo vital implica que la persona afectada no pueda acceder a los recursos mínimos que le permitan procurarse su subsistencia en condiciones dignas, siendo su afectación aún más gravosa cuando el afectado es una persona vulnerable.

El recurrente acusó que durante la evaluación para optar al cargo de mediador familiar licitado no se tomó en cuenta su especial situación de discapacidad, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley.