La iniciativa establece la obligación legal para que los edificios, establecimientos y espacios destinados al uso de público, o que impliquen la concurrencia de público, cuenten con áreas o espacios de descanso y asientos para personas que por su condición física o psíquica así lo requieran.

Tanto los que existen actualmente en Chile, como los que se instalen en un futuro, deberán incorporar pulsadores para la detención de vehículos y tecnología sonora para ayudar a personas no videntes o que tengan disminuida su capacidad visual.

Si bien la necesaria información a los pacientes o sus parientes es una obligación legal, su omisión o insuficiencia informativa no implica necesariamente que se hubiere afectado o vulnerado el derecho fundamental a la salud de las personas. No se vulneró la Ley N°20.422.

Las personas con algún tipo de discapacidad internadas en prisiones se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad, lo que exige una garantía reforzada para asegurarles el ejercicio de sus derechos y protección de su dignidad en condiciones de igualdad.

Resulta imprescindible el consentimiento informado del paciente o la autorización de un familiar para inmovilizarlo farmacológicamente.

El fallo declaró el cese sin tener en cuenta las pruebas que demostraban su condición de persona en situación de discapacidad que carece de los ingresos necesarios para subsistir.

Los congresistas de la Comisión de Trabajo acotaron el mensaje original con el fin de facilitar el ingreso de este sector de la población, al mercado laboral asegurando una serie de derechos y deberes.

Negar la reincorporación a las clases de natación se traduce en una forma de discriminación, en tanto que el deporte ordinario es el único medio para alcanzar la igualdad sustantiva.

Se busca proteger a los trabajadores y a quienes pueden ser afectados por un contagio.

Es injusto, discriminatorio y sexista que el lupus –enfermedad que afecta mayormente a mujeres– no sea incluido normativamente como una enfermedad causante de discapacidad.