El derecho a no ser discriminado en el disfrute de los derechos garantizados por el Convenio también se viola cuando los Estados, sin una justificación objetiva y razonable, no tratan de forma diferente a personas cuya situación es significativamente diferente.

En los fundamentos, se detalla cómo las personas con dificultad de desplazamiento deben adaptarse a los lugares públicos. Sin embargo, esto debería ser al revés.

La propuesta está contenida en una resolución aprobada por la Cámara que toma como base beneficios ya entregados en esta misma línea para los adultos mayores.

No se demostró la existencia de un acto arbitrario e ilegal que prive, perturbe o amenace a alguno de los derechos que le asisten al recurrente, tanto en su calidad de persona, como de discapacitado.

La iniciativa, aprobada por la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, busca establecer que instituciones públicas y privadas empleen elementos de protección transparentes en la zona de la boca para permitir la lectura de los labios por parte de la población sorda.

La iniciativa se presentó con suma urgencia.

La Corte resalta que los Estados deben proporcionar los servicios de salud necesarios para prevenir posibles discapacidades, así como prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades.

La situación de discapacidad de una persona no puede condicionar ni suspender el pago de una pensión o un beneficio.

La iniciativa sostiene que el actual sistema democrático y político sufre una crisis de representatividad y confianza.

La privación del derecho de voto de una persona con discapacidad mental es procedente cuando dicha persona se encuentre incapacitada para tomar una decisión electoral libre y auto determinada y, cuando aquella determinación tenga como base una evaluación exhaustiva e individualizada por parte de los tribunales nacionales.