Norma que exige buena conducta para ser abogado, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requisito establecido por la ley constituye una discriminación arbitraria en su contra alega el requirente, atenta contra la igualad ante ley, al derecho a desarrollar una actividad económica, al ejercicio de una profesión, entre otras garantía constitucionales que estima infringidas.