Habría disuadido a asilados y refugiados para que no presentaran solicitudes de trabajo debido a su estatus de ciudadanía, en violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Señaló falsamente que las leyes de control de exportaciones le impiden contratar a personas con este estatus.

En este orden de ideas, puedo afirmar que a partir de la sanción del Convenio OIT 190 estamos frente a un nuevo concepto de acoso y violencia laboral de fuente supralegal que viene a ampliar el concepto que hasta el presente ha sido delineado a través de aportes tanto normativos de rango inferior como esbozos doctrinarios y precedentes jurisprudenciales que deberán adecuarse o reinterpretarse.

La apreciación personal de una persona de la existencia de un acontecimiento discriminatorio por identidad de género no tiene el carácter de difamatorio. Por su parte, la recurrente cuenta con otras herramientas jurídicas en contra de la publicación.

Dentro de las obligaciones inmediatas en relación con el derecho al trabajo, protegido por el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está la de garantizar su ejercicio sin discriminación alguna, y la de dar pasos deliberados para su realización.

La iniciativa fue respaldada en su idea de legislar por parte de la Comisión de Trabajo, instancia que se abocará ahora al análisis del articulado de la norma.

Es deber del empleador adoptar todas las medidas idóneas para tutelar la integridad psicofísica de sus trabajadores.

Las empresas intermediarias no son quienes determinan el contenido de las ofertas de trabajo, sino que se limitan a difundirlas o transmitirlas tal como son elaboradas por quienes buscan cubrir las vacantes en sus puestos de trabajo.