El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, dictado por el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, que condenó a la demandada a pagar multa de 50 UTM y le ordenó no reiterar en el futuro, dicha conducta discriminatoria.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitraria de la recurrida al no renovar la matrícula argumentando que el colegio no cuenta con programas de atención de niños con necesidades especiales.

El máximo Tribunal consideró que la academia discriminó al alumno en los procesos de evaluación de uno de los cursos.