No existe una finalidad constitucionalmente legítima para establecer esta causal, ya que es posible llegar al mismo propósito de salvaguardar las finalidades legales del matrimonio sin recurrir a un agravio constitucional.
Las parejas negras son excluidas de un régimen matrimonial aplicable a los demás ciudadanos en el país. En consecuencia, no tienen la protección legal y los beneficios que un matrimonio casado en comunidad de bienes puede ofrecer.
El acto impugnado se fundó en lo dispuesto en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.
El trabajador, que conducía una furgoneta de reparto, fue atropellado al cruzar un paso de peatones. Debido al accidente, fue trasladado al hospital de urgencia, donde fue visitado por el empresario demandado, quien lo dio de baja en la Seguridad Social ese mismo día.
No hubo vulneración de los derechos consagrados en los artículos 14, 15 y 24 de la Constitución Española.
El Tribunal acogió la acción deducida, tras establecer que el actuar de la demandada vulneró los derechos fundamentales de la trabajadora al iniciar un proceso paulatino de detrimento de las condiciones laborales en forma paralela al embarazo de la demandante.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción cautelar de urgencia, tras establecer que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver los hechos denunciados.
El máximo Tribunal estableció que los jueces de fondo actuaron correctamente al considerar atentatoria contra la identidad de género de la demandante la conducta de la recurrente.
El autor señala que la diferencia de trato debe proceder de distinciones proporcionadas, que obedezcan a una diferencia objetivamente justificada y que supere un juicio de proporcionalidad.
Al respecto, la Magistratura constitucional española adujo que no concurre una forma de discriminación directa de la etnia gitana, sino la consecuencia ordinaria de la propia decisión personal, libre y voluntaria de no acceder a alguna de aquellas fórmulas de constitución en Derecho para establecer el vínculo.
