El Secretario General de la ONU, António Guterres, subrayó la importancia de la libertad de expresión y el acceso a una diversidad de opiniones e instó a las grandes empresas tecnológicas a asumir su responsabilidad en mitigar los daños potenciales causados por sus productos.

Los educadores están mejor posicionados que los jueces federales para decidir qué contribuye a un ambiente propicio para el aprendizaje. Por tanto, la interpretación y aplicación del código de vestimenta, incluidos los estándares comunitarios, corresponde a los administradores escolares.

Determinó que los reclamos presentados por X no estaban justificados legalmente y que la CCDH estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión en un tema de interés público al denunciar discursos de odio en línea.

Las expresiones objeto de tutela realizadas en las redes sociales por el influencer son un discurso discriminatorio y de odio contra la población LGBTIQ+ y, en especial, contra la población transgénero y homosexual, que integra un grupo históricamente discriminado y de especial protección constitucional.

La Comisión IDH al momento de elaborar este estudio da cuenta de que en América Latina se registran diversas violaciones al derecho a la libertad de religión y creencia, en conexión con otros derechos humanos, y en relación con distintos grupos en situación de vulnerabilidad.

La elección realizada por los autores de la moción, también ha sido objeto de reparos en el presente informe, por estimar que la fisonomía del recurso de protección no se adecua a las características que debe reunir un procedimiento de este tipo. La amplitud e indefinición de la información que podría ser reprimida hacen posible prever una utilización masiva de estas reclamaciones, pudiendo provocar una saturación del sistema judicial.

Presentamos esta demanda para reivindicar nuestros derechos contra CCDH, así como contra cualquier patrocinador y financiador actualmente desconocido que, entre otras cosas, haya dirigido, instruido, actuado como agente o en concierto con, y/o que haya participado de manera significativa en la conducta ilegal de CCDH, como se alega en este libelo.

Se puede aceptar que los comentarios reflejaban un grado de malestar social que podría requerir una respuesta política, además del hecho de que correspondían al tipo específico de comunicación que se encuentra en ciertos portales en línea. No obstante, en un contexto electoral, el impacto del discurso racista y xenófobo se hace mayor y más nocivo, particularmente por el clima político y social conflictivo que primaba en aquel momento.

Exigir que las plataformas revisen el contenido que los usuarios suben a las redes sociales, es inviable y en extremo dificultoso e importa una afectación a la libertad de expresión.

Los políticos tienen la obligación de controlar el contenido de las declaraciones publicadas en sus cuentas públicas con el fin de combatir el discurso de odio.