Presentamos esta demanda para reivindicar nuestros derechos contra CCDH, así como contra cualquier patrocinador y financiador actualmente desconocido que, entre otras cosas, haya dirigido, instruido, actuado como agente o en concierto con, y/o que haya participado de manera significativa en la conducta ilegal de CCDH, como se alega en este libelo.

Se puede aceptar que los comentarios reflejaban un grado de malestar social que podría requerir una respuesta política, además del hecho de que correspondían al tipo específico de comunicación que se encuentra en ciertos portales en línea. No obstante, en un contexto electoral, el impacto del discurso racista y xenófobo se hace mayor y más nocivo, particularmente por el clima político y social conflictivo que primaba en aquel momento.

Exigir que las plataformas revisen el contenido que los usuarios suben a las redes sociales, es inviable y en extremo dificultoso e importa una afectación a la libertad de expresión.

Los políticos tienen la obligación de controlar el contenido de las declaraciones publicadas en sus cuentas públicas con el fin de combatir el discurso de odio.