La Corte de Santiago razona que la controversia se centra en determinar si la conducta de la empresa encaja en el tipo administrativo señalado, si la gravedad del incumplimiento fue correctamente evaluada, y si al fijar el quantum de la multa se tuvo en cuenta todas las atenuantes y circunstancias que podrían modificar la responsabilidad administrativa según la normativa, y concluye que se afecta el principio de proporcionalidad.