En atención a las concretas circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, dado el carácter meramente puntual de la intromisión ilegítima, la circunstancia de que no se ha considerado procedente la aplicación de la agravante, esto es, la difusión/divulgación del contenido de la conversación del padre con sus hijos, consideramos adecuada la determinación de la cuantía indemnizatoria en 500 euros.

Tratándose de una cónyuge de avanzada edad, con un estado de salud frágil, y existiendo una vida matrimonial extensa, el sacrificio y postergación personal debe valorarse con mayor entidad.

La falta de asesoramiento legal independiente y de divulgación formal puede socavar la elección informada, pero no fue preocupante aquí porque el esposo no pudo señalar ningún prejuicio resultante: no hubo ninguna sugerencia de que la ausencia de estas salvaguardas socavara la integridad del proceso de negociación o la equidad del acuerdo.

En estos casos, la condición de víctima de violencia de género puede acreditarse por cualquier medio de prueba válido en Derecho. El legislador no exige que la condición de víctima de violencia de género esté acreditada a través de prueba plena y mediante sentencia, pues también le valen medios concretos que no son expresivos de la prueba inequívoca.

Resulta inaceptable que la sentencia de primera instancia niegue la compensación económica a una madre cuidadora que no ha podido desarrollarse en el ámbito laboral porque no tuvo la ayuda de quien estaba llamado a sostenerla y acompañarla en la crianza.

El conflicto a resolver debe ser analizado con perspectiva de género y los agravios deben tener favorable acogida, pues se verifican los presupuestos exigidos por la ley aplicable, en tanto la reclamante, durante la vida conyugal, se dedicó a atender el hogar y cuidar de sus hijos, y no pudo desarrollar una actividad laboral que le generara una renta suficiente como para auto sustentarse después de roto el vínculo matrimonial.

La compensación no tiene como finalidad perpetuar, a costa de sus miembros, el nivel económico del que gozaban durante el matrimonio, sino colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del matrimonio en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el matrimonio.

La sentencia transforma lo que era una obligación del recurrente en relación con su ex esposa en una obligación alimenticia para con la hija. Es una prestación que solo aprovechaba en su concepción inicial a la ex esposa pues servía a la propiedad de un bien privativo y además sin posibilidad, dados los términos del convenio, de devolución de lo abonado por dicho concepto.

Al aprobarse el acuerdo completo y suficiente propuesto por los litigantes, y fijar como causa de su extinción la alteración sustancial de las circunstancias, como el acceso al empleo de la cónyuge, si bien no estaba señalado en el convenio como motivo de la pensión el desempleo inicial, el hecho de encontrarlo es causal de extinción.

La iniciativa busca hacer aplicable a dichas causas la regla descrita en el artículo 64 bis de la Ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia.