La iniciativa busca hacer aplicable a dichas causas la regla descrita en el artículo 64 bis de la Ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia.
El ordenamiento jurídico reconoce el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, de modo tal que es un deber jurídico de los sentenciadores considerar las especiales situaciones en que viven muchas mujeres incluso al computar los plazos legales.
En uso del principio de colaboración armónica de los poderes públicos, la Corte instó al legislador a regular las situaciones de vulnerabilidad en que quedan las mujeres tras el divorcio, especialmente, cuando las afectadas son mujeres de edad avanzada.
Durante el matrimonio, la actora pudo ejercer su profesión, realizar estudios de postítulos y asumir cargos de jefatura, por lo que no cumple con el presupuesto para obtener compensación económica.
El impedimento desaparece cuando se ha declarado judicialmente la disolución del vínculo conyugal.
La moción tiene como fundamento la discriminación que importa esta norma hacia la orientación sexual del individuo, resultando además redundante con otras causales que contempla la ley de divorcio.
Se trata de una moción de un grupo de senadores que plantea que los plazos sean de 6 y 18 meses, respectivamente, desde el cese de la convivencia.
No existe una finalidad constitucionalmente legítima para establecer esta causal, ya que es posible llegar al mismo propósito de salvaguardar las finalidades legales del matrimonio sin recurrir a un agravio constitucional.
Los plazos para tramitar los divorcios resultan en la práctica extremadamente largos, por lo que es necesaria su reducción.
La instancia remitió a la Sala la iniciativa que cumple su primer trámite y que buscar eliminar cualquier rastro de discriminación basada en la orientación sexual. También aprobó el proyecto que regula el régimen patrimonial de sociedad conyugal.
