Los fiscales generales argumentan que DOGE y su personal han ejercido facultades que no se encuentran dentro de las atribuciones de un departamento federal. Entre las acciones citadas en la demanda se incluyen la intervención en las operaciones de catorce agencias gubernamentales, la suspensión de pagos del Departamento del Tesoro a determinados Estados y la pretensión de cierre de USAID.